sábado, 29 de junio de 2013

ULTIMO MOMENTO-PUEBLOS ORIGINARIOS EN SALTA




La justicia de Orán continúa desconociendo la Ley 26.160 y su Prórroga 26.554 que prohíbe los desalojos a las comunidades indígenas
Desalojaron a familia ava guaraní en Orán por orden del Juez López







Viernes 28 de Junio de 2013
Por Equipo de Comunicadores del ENOTPO
En la mañana de este viernes 28 de junio, más de 50 efectivos policiales e infantería, encabezado  por el Comisario Cruz Vilte, procedieron a desalojar a la familia Zenteno y Palacio, miembros de la Comunidad Ava Guaraní “Evita”, por orden del Juez Dr. Raúl Fernando López, desconociendo la Ley 26.160 y su Prórroga 26.522 que prohíbe todo tipo de desalojo a las comunidades de los pueblos originarios.
Ante la impotencia, llantos y desesperación de los integrantes de la familia afectada, una cuadrilla de efectivos policiales ingresó al domicilio para proceder el desarmado de la vivienda, mientras otra cuadrilla custodiaba el ingreso y la salida del lugar, y otros tantos alrededor la manzana. Fueron los propios uniformados los que sacaron los muebles y las pertenencias que se encontraban en la vivienda precaria de la familia Zenteno. Ante esta situación, un miembro varón de la familia quiso ingresar a su vivienda para sacar sus pertenencias por lo que tuvo que forcejear con los efectivos policía hasta detenerlo y arrestarlo, por lo que se encuentra en prisión en estos momentos.
En este momento la familia Zenteno, compuesta por 7 menores y 6 mayores se encuentra en la intemperie y sus muebles en la calle, sin ningún tipo de protección ni lugar para pasar la noche. La orden de desalojo y notificación había sido enviada a la familia el día lunes 24 de junio. A raíz de esto, el abogado Mascietti intentó interponer un escrito para evitar que se lleve adelante la orden y no fue aceptado por el Juzgado Correccional de Garantía y Menores N° 1 de Orán. La causa ha sido caratulada “Zenteno Mariscal, Juan Bautista y Palacios, Gladys Amanda – Usurpación de Propiedad – Arias Mabel”, Expediente 20002/11. Según informaciones, la señora Mabel Arias, que reside en la ciudad de Salta Capital, compró esa parcela.
Según informaciones vertidas en el lugar, la orden de desalojo no solo es para esta familia, sino que está prevista para el total de las más de 120 que viven en la comunidad. En este momento, autoridades tradicionales de otras comunidades ava guaraní y referentes de la Organización de Comunidades Ava Guaraní Ñemboati Guasu Tata Ogue Mbae se encuentran en lugar acompañando a la familia damnificada.
La comunidad originaria Ava Guaraní Evita, se encuentra ubicada en la periferia Sur de la ciudad de Orán, entre Av. Los Constituyente y Calle Perito Moreno, con una población de alrededor de 120 familias distribuidas en dos manzana. Las familias comenzaron a habitar la zona desde 1985. En aquel tiempo, el lugar se encontraba rodeado de malezas, árboles y baldíos. A partir de 2005, las familias deciden que la comunidad originaria ava guaraní lleve el nombre de “Evita”, en el mismo año, los miembros de la comunidad inician el trámite de la personería jurídica que no prosperar; recién en 2011 se retoma con fuerza la gestión, por lo que actualmente se encuentra con expediente.

lunes, 10 de junio de 2013

"Hay grandes grupos mediáticos que utilizan a Félix Díaz y su reivindicación"

Fernández dijo que el dirigente qom fue recibido por el INAI y por la Secretaría de Derechos Humanos. "El Estado nacional no está ausente", se defiende. Señaló que hay problemas que se deben resolver en las provincias.

 Esta semana, integrantes de las comunidades originarias liderados por Félix Díaz realizaron una vigilia en Plaza de Mayo, exigiendo una entrevista con la presidenta Cristina Fernández. Al no recibir respuesta, anunciaron que actualizarán su reclamo todos los miércoles en la Plaza de Mayo. En diálogo con Tiempo Argentino, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, explica por qué no los convocaron, habla sobre la criminalización de la protesta y el agronegocio, actualiza el estado del relevamiento de comunidades y denuncia presiones de los grandes propietarios, los medios de comunicación y la falta de acompañamiento de los gobiernos provinciales.

–¿Por qué no se los atendió?
–La presidenta ha atendido y atiende a representantes indígenas, sin intermediarios, ni ONGs. La realidad es que Félix Díaz estuvo reunido en el último mes con el secretario de Derechos Humanos, el INAI y la Corte Suprema de Justicia. No es que el Estado no lo atiende. Es más, el relevamiento territorial en la provincia de Formosa empieza el 25 de junio, en la comunidad La Primavera, el corazón del conflicto. Díaz lo sabe. Es importante recordar que la reforma de 1994 reconoció derechos, pero hasta 2003 ningún gobierno había sancionado leyes que los efectivizaran. Este gobierno aprobó la Ley 26.160, la Ley de Educación Nacional que incluye la enseñanza intercultural bilingüe, y la Ley de Medios. Cuando fue el conflicto trágico en la comunidad La Primavera en 2010, Félix Díaz no estaba reconocido como representante. El Estado nacional organizó la elección, y el INAI le dio la personería a la comunidad. El Estado nacional no ha estado ausente. Eso es mentira. Hay grandes grupos mediáticos que están utilizando a Félix Díaz y su reivindicación. No es un indígena autónomo.
–Pero es reconocido como un referente del conflicto indígena, ¿no sería un gesto atenderlo?
–Está siendo utilizado. Hubo una serie de accidentes y se habla de etnocidio. La Campaña del Desierto terminó hace años. El estado de cumplimiento de Derechos Humanos no tiene nada que ver con eso.
–¿Hay una creciente criminalización de la protesta indígena?
–La agresión a su hijo fue un tema interno. El secretario de Derechos Humanos sigue ese conflicto personalmente. Hubo muchos avances en la comunidad: el relevamiento, el agua potable. Es lento, puede ser. Pero eso también sucede porque la Constitución le reconoce a las provincias el dominio de los recursos naturales. Nos obliga a una política de negociación. Lo mismo con la explotación minera. Vamos rodeando el tema, no es que no hacemos nada.
–¿Es cierto que sólo se ha relevado un 24% del territorio?
–Es otra mentira del diario Clarín. Están relevados 4 millones y medio de territorios, y más de 400 comunidades, es decir, el 45 por ciento. Es un proceso que es gradual, pero tenemos la posibilidad de terminarlo en dos o tres años.
–La ley se sancionó en 2006, tuvo que prorrogarse y está por vencerse otra vez, ¿no falta compromiso?
–Relevar no es llenar una planilla. Por la oposición de los sectores propietarios, y los medios, y porque hay que firmar convenios con las provincias. Tuvimos presiones. No es fácil. Se está tocando el corazón de la propiedad en la Argentina.
–Pero no se lo suele asociar a un conflicto por la tierra...
–Es verdad. Se los subestima. Pero el relevamiento no es un censo, es mucho más. Vélez Sarsfield elaboró un Código Civil con 4 mil artículos y no mencionó la palabra indígena. Es el único en no considerar la costumbre como fuente de derecho. Eso es lo que se va a cambiar con esta reforma al Código, que formaliza los derechos indígenas como colectivos, y establece el derecho a la consulta. 
–¿No está en el convenio de la OIT?
–Pero los tribunales provinciales desconocen la aplicación directa. Ese es el problema más grande que tenemos: la dispersión. Y los propietarios concentrados tienen un grado de influencia muy grande en los tribunales y también en los medios.
–¿El modelo de agronegocio obstruye?
–Claro, se producen tensiones en el territorio. El avance en los cultivos y la explotación minera tensiona el territorio. Pero, ¿sabés cuántos desalojos se evitaron en este tiempo? Catorce mil. La defensa frente al desalojo es una de las respuestas al intento de avanzar de esos sectores.
–¿Se va a hacer una nueva prórroga para extender la emergencia y  evitar los desalojos?
–El relator especial James Anaya, con una total falta de respeto, pidió que no se caiga. Esta fuerza política es la que lo sancionó, la que lo aplica y la que lo va a renovar. Los organismos internacionales lo único que hacen es alargar los conflictos y proteger a las ONG. La gente de La Primavera es desalojada, pero de la ruta. Tienen 5187 hectáreas, 200 familias. Y hay arrendamiento sojero, de ambos lados. Esta es una de las discusiones que nos debemos. Porque la propiedad comunitaria es inembargable, libre de impuestos, pero no se puede ceder la explotación a un tercero.
–¿Cómo controlar la contaminación de las empresas transnacionales?
–El Estado nacional se encontró con provincias que habían hecho acuerdos con transnacionales mineras y hidrocarburíferas. Tenemos la constitución que tenemos. Si me preguntás mi opinión, creo que hay que reformarla, porque el dominio y las facultades ambientales están en sus manos. Yo no descalifico las peticiones, pero hay cuestiones que se deben dirimir en los territorios. Algunas críticas son muy injustas. Porque incluso desde lo simbólico se han dado avances. La presidenta está desmontando la estatua de Colón, y no es un tema menor. Es el símbolo de la conquista al lado de la Casa Rosada.
–¿Cuáles son los próximos pasos?
–La sanción del nuevo Código Civil abrirá tres pasos: la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, la modificación a la ley que creó el INAI, y después vamos hacia una ley de consulta y participación indígena. 

sábado, 8 de junio de 2013

“El Estado no pierde soberanía si respeta los derechos indígenas”



Cuando el Estado respeta los derechos humanos, ejercita su soberanía, dice James Anaya. Crédito: Milagros Salazar/IPS.


DARWIN, Australia, 4 jun 2013 (IPS) - “Se cree que el consentimiento es decir sí o no y quién gana”, advirtió el relator de la ONU para asuntos indígenas, James Anaya. Consultar a estos pueblos “es crear procesos abiertos donde los indígenas puedan opinar, influir en las decisiones y donde haya buena voluntad para buscar consensos”.

Anaya, abogado litigante y relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, sobresalió en la diversidad de rostros, idiomas, culturas y experiencias que coincidieron en la conferencia de WIN (Red Indígena Mundial), realizada del 26 al 29 de mayo en Darwin, Australia.
En 30 minutos de exposición, Anaya hizo énfasis en la importancia de que los Estados respeten y apliquen medidas relacionadas con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.
En su fugaz paso por Darwin, Anaya se dio un tiempo para hablar con Tierramérica sobre la polémica implementación de la consulta previa a los pueblos indígenas y el reto de concebir modelos de desarrollo que permitan a los países acceder a la prosperidad y respetar los derechos de las comunidades nativas.
En su opinión, Perú es el país latinoamericano con más avances normativos para aplicar la consulta previa, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante proyectos o actividades que afecten el territorio y la cultura de un pueblo aborigen.
Pero a Lima le falta demostrar en la práctica su capacidad de respetar los derechos indígenas. “De la experiencia se aprende porque ahí se va construyendo un proceso adecuado”, señaló.
Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia están discutiendo esos mecanismos, si bien aún no cuentan con normas y protocolos internos para llevar a cabo las consultas. Para Anaya, no “es exigible” que los Estados aprueben leyes y solo entonces comiencen a consultar. El mayor requisito es tener “voluntad” de respetar los derechos, dijo.
TIERRAMÉRICA: Existe la percepción de que algunos gobiernos de América Latina se manejan con un doble estándar: suscriben instrumentos internacionales para proteger los derechos indígenas, pero no aplican medidas para respetarlos. ¿Usted coincide con esta idea?

 JAMES ANAYA: Creo que es un avance que casi todos los países latinoamericanos hayan votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ratificado el Convenio 169. Son pasos importantes.
Ahora toca implementar esos procesos, pero es muy complejo. Los Estados tienen que hacer esfuerzos para enfrentar el desafío. Son varios los asuntos a considerar ahí: primero, la educación de los funcionarios estatales para entender que estas normas no son solo de relación internacional, sino de aplicación interna porque se dirigen a pueblos indígenas que están en sus territorios.
Lo segundo es tener la voluntad política para hacerlo, y eso a veces es el problema porque hay varias fuerzas políticas y económicas que enfrentar. Tercero, establecer mecanismos de colaboración con los pueblos indígenas para implementar las normas.
TIERRAMÉRICA: Uno de los asuntos con mayores resistencias de las autoridades es la implementación de la consulta previa. ¿Cómo ve los criterios que están tomando en cuenta los gobiernos para establecer cuál es un pueblo indígena con derecho a ser consultado?
JA: Eso varía mucho en los países, depende de qué Estado.
TIERRAMÉRICA: Por ejemplo Perú.
JA: En Perú apenas están comenzando a aplicar su ley y su reglamento. Yo sé que hay todo un debate sobre el registro (de los pueblos indígenas), pero aún hay que ver cómo van a aplicar la ley. Espero que lo hagan de acuerdo a los estándares internacionales.
Por otro lado, hay que reconocer que la consulta se base en derechos fundamentales que de alguna manera se aplican a todos. En el caso de los pueblos indígenas, por sus características, se trata de procedimientos diferenciados y especiales. No es cuestión de consideraciones abstractas, hay que verlo en el terreno.
TIERRAMÉRICA: Hablando de casos concretos, en Perú sí hay consenso en consultar a los pueblos indígenas de la Amazonia, pero no ocurre lo mismo cuando se habla de comunidades campesinas que se ubican precisamente en zonas de actividades extractivas. 
JA: Siempre se deben proteger los derechos de los pueblos indígenas. Hay que avanzar en el desarrollo para beneficio de todos, pero protegiendo los derechos indígenas. Y conseguir las dos cosas es posible, no son incompatibles.
TIERRAMÉRICA: Quizás ese es el problema: que los Estados consideren que hay que dejar de respetar los derechos indígenas para promover la inversión privada en sus tierras…
JA: Lo que pasa es que los modelos que han existido han mostrado esto (los derechos y el desarrollo económico) como algo incompatible. Quizás de lo que se trata es de crear nuevos modelos basados en derechos humanos, modelos que respeten los derechos de los pueblos indígenas. No es cuestión de frenar el desarrollo.
TIERRAMÉRICA: Eso que parece tan sencillo de entender, genera resistencias.
JA: Hay mucha polarización entre las partes y habría que dialogar más.
TIERRAMÉRICA: ¿Cree que el Estado pierde soberanía si un pueblo indígena tiene la última palabra sobre llevar a cabo o no un proyecto de inversión en su territorio?
JA: El Estado no pierde soberanía si respeta los derechos humanos o los derechos indígenas. Tiene que acatar estas normas para respetar los derechos, el Estado no puede hacer lo que quiere.
Yo diría que el respeto de estos derechos es una forma de asegurar que esta soberanía se ejerza. Cuando el Estado respeta los derechos humanos, ejercita su soberanía porque favorece a los ciudadanos y a los pueblos.
TIERRAMÉRICA: Sin embargo, hay una pérdida de confianza en los gobernantes. ¿Cómo garantizar procesos de consultas legítimas que permitan desentrampar el debate?
JA: Hay que superar la desconfianza, los prejuicios. Se trata de crear procesos abiertos donde los pueblos indígenas puedan opinar, influir en las decisiones y donde haya buena voluntad para buscar consensos.
Lo que pasa es que a veces se cree que el consentimiento es decir sí o no y quién gana. El consentimiento viene vinculado a la consulta, hablas de la consulta con el fin de llegar a un consentimiento, a consenso. No es cuestión de que una parte imponga su opinión a la otra.

* Este artículo fue publicado originalmente el 1 de junio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

jueves, 6 de junio de 2013

SANTIAGO DEL ESTERO - ACTA ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD AUQAJKUNA



PUEBLO TONOKOTE
El gobernador se compromete a entregar el título de la Propiedad Comunitaria Indígena a la comunidad Tonokoté Auqajkuna.



Autoridades comunitarias en la Casa de Gobierno tras la audiencia con el Dr. Gerardo Zamora, gobernador de la provincia.

Por: Equipo de Comunicadores del ENOTPO
 
 
En la mañana de hoy lunes 27, las autoridades de la comunidad mantuvieron una audiencia con el gobernador Dr. Gerardo Zamora para dialogar y abordar las propuetas para superar el conflicto territorial tras el ataque y la represión sufrido por la Comunidad Auqajkuna, en la madrugada del viernes 24 de mayo.
La representación comunitaria estuvo integrada por nueve miembros de la comunidad que fueron: la Kamachej (autoridad comunitaria) Reyna Sosa, Andrea Taboada (segunda kamáchej), Fredy Luna (tesorero), Graciela López, Patricia Santillán, José López (niño de 11 años), Silvia Rodriguez, Pedro Sosa, Lucia Taboada. Además, acompañaron la Tinkina del Consejo de la Nación Tonokoté Llutqui Solita Pereyra y del abogado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Sebastián Demicheli y la abogada Indígena Angela Jaramillo directora de la Dirección de Afirmación de Derecho Indígena - DADI-INAI.
La audiencia comenzó a las 10:00 de la mañana y se extendió hasta las 12:00, en el que se llegó a la firma de un Acta Acuerdo entre el Gobernador y la Comunidad Auqajkuna, las cuales contemplan siete puntos que son los siguientes:
El gobernador expreso su beneplácito por el proyecto que presento la comunidad y dio su propuesta en apoyo al proyecto y se logro el acuerdo realizado.









ACTA ACUERDO
  1. Identificar las cuatro manzanas a partir de la Boca del Tigre;
  2. Censar a las familias dentro de esa área, proveyéndole provisoriamente de casillas móviles con baño y cocina para todas las familias a reubicar.
  3. Construcción de un Salón Comunitario a fines de ejecutar proyectos propuestos como espacios interculturales para exposición, charlas, desarrollo de la cultura, el arte Tonokoté con invitación a escuela, etc, que será ubicada en la esquina del Paso de los Indios;
  4. El gobernador se compromete, con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en la construcción de forma urbanísticamente ordenada, viviendas para las 17 familias relocalizadas en el territorio comunitario, conforme a modelo de IPVU (Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo), siguiendo los usos y costumbres del Pueblo Nación Tonokoté;
  5. Se respetará el bosque y el territorio sagrado, con el compromiso de realizar un cerramiento perimetral para protección y resguardo, cuyo diseños serán dados por la comunidad dentro de las cuatro manzanas;
  6. El gobernador se compromete a entregar el título de propiedad comunitario indígena a la comunidad Tonokoté Auqajkuna;
  7. El INAI conforme a la solicitud de inscripción del RENACI, se compromete a entregar la resolución respectiva en el menor tiempo posible.
Luego de finalizada la reunión se dirigieron a la Comunidad, donde  Reyna Sosa, kamachej de la Comunidad Auqajkuna se manifestó ante los presentes- “Tengo que agradecer a los presentes que se acercaron a la comunidad: organizaciones indígenas, sociales, políticas, estudiantiles,  por el acompañamiento, no hemos logrado todo, pero esta en camino. Espero que el Gobernador cumpla su palabra”. “A los hermanos que vinieron desde lejos, le agradezco el sacrificio. Y cuenten con nosotros cuando lo necesiten”.
Jerónimo Campos, vice kamachej de la Comunidad Pozo Mozo del Pueblo Tonokote, manifestó “vengo acompañar a la comunidad y pedirle que sean unidos que eso nos da la fuerza”.
Walter Hugo Barraza Autoridad de la Comunidad Wayra Rimaj del Pueblo Tonokote de Bs As  “esta lucha nos va a preparar para el futuro, la palabra entre nosotros los indígena todavía tiene valor ya que esta Comundad acordo no arreglar ninguna oferta que se proponian para dividirnos, y la tenemos que fortalecer y trasladarla a las siguientes generaciones”.

Acompañamientos y agradecimientos.
Ante el violento ataque sufrido por la Comunidad Auqajkuna, las organizaciones  del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, acompañaron y se pusieron a disposisión del pueblo Tonokoté para llevar adelante todas las instancias necesarias tendientes a restablecer las gararntias territoriales de la Comunidad Auqajkuna.
El domingo 26 de mayo delegados del Movimiento de la Nación Guaraní Kereimba Iyambae; Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita; Comunidad Indígena del Pueblo Lule; CDCAPO (Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya); Ñemboat+ Guasu Tata Ogue Mbae (Asamblea del Fuego que no se Apaga), llegaron a Territorio Tonokote para apoyar y acompañar a las autoridades del Pueblo Nación Tonkoté en su demanda por el reconocimiento del territorio comunitario.  Además estuvieron presentes delegados la Nación Tonokoté de las comunidades, Puñitúyoj, Sacha Súmaj, Potrillo Poson, Yaku Muchuna, San Roque, Pitambalá, Pozo Mósoj, Cazadores Alazampa, Taqo Sombreana, Sacha Mishky, Pozo Mosítoj, La Blanca, Wayra´Rímaj (comunidad migrante de Buenos Aires), Linton y Mistolito.

También varias organizaciones sociales condenaron el accionar del gobierno provincial que viola la Ley 26.160 y su Prórroga 26.554 de relevamiento territorial de las comunidades de los Pueblos Originarios que prohíbe el desalojo, la  Agrupación Unidos y Organizados: La Cámpora, Movimento Evita, JP Descamisados, Nuevo Encuentro y MILES, quienes continúan solidarizándose con la causa de los Pueblo Originarios en esta provincia. 
Además se hicieron presentes en la comunidad para apoyar el legítimo reclamo, el Movimiento Barrios de Pie; Estudiantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Centro de Estudiates del Cent N° 1; Partido Obrero; Partido Socialista; Organización Andamio (trabajo social); Medios de comunicación alternativos; Organización Libros en Blanco; Agrupación de la Escuela de Música, como de igual manera, la Senadora Nacional Ana Corradi (Frente Para la Victoria), Dr. Marcelo Lugones, Emilio Rached, Sub secretario de Derechos Humanos Hugo Figueroa, Diputados provinciales, entre otros.
El juez Baltazar Garzón se puso a disposisón para visitar y acompañar el legítimo reclamo de la comunidad Auqajkuna.
de la misma manera que referentes de la música y la cultura como Victor Heredia mandaron su adhesión y acompañamiento. "Tremendo, queridos hermanos. Mi solidaridad para todos ustedes."

ACTIVIDADES PROGRAMADA PARA EL DÍA MARTES 28 DE MAYO
Horas 16:00: Taller de Identidad del Pueblo de la Nación Tonokoté.
Horas 17:30: Proyección de la película “La Nación Mapuche”.
Horas 19:30: Comida comunitaria para todos los presentes.