Comunidad del Pueblo Tolombon e Indio Colalao: 19 de Abril "Marchamos por nuestros Derechos"

Marchamos a los Tribunales de la Provincia de Tucumán

Las Comunidades Originarias PUEBLO DE TOLOMBON e INDIO COLALAO marcharemos el día martes 19 de Abril “DÍA DEL INDIO AMERICANO”, exigiendo EL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LA LEY 26.160 y su prórroga.


Nos concentraremos a las 8 AM en Plaza Urquiza, de donde partiremos para presentar documentación ante el Ministro Fiscal, la Corte Suprema de la Provincia, el Juzgado Federal y la Casa de Gobierno. En el momento de la entrega de cada documentación se hará una manifestación cultural a cargo de los músicos de nuestras comunidades en acompañamiento de músicos de otros pueblos Originarios.


Exigimos que los jueces de todas las instancias cumplan efectivamente con la ley 26.160 y su prórroga.


Especialmente que los Jueces de los Juzgados de Paz de las Localidades de Gonzalo: Juan Carlos Cipriani; de San Pedro de Colalao: Juan Carlos Arandia y de Trancas: Ciro Castro, se abstengan de realizar medidas arbitrarias e ilegales a favor de usurpadores de nuestros territorios: Familias: López de Zavalia; Critto; Guerinó; Posse (Agroavance S.A.); Moreno Núñez Vela (Zanja Honda S.A.); Teresa Guanuco de Torino; Luis María Andrada.


Exigimos que se detenga la utilización de la Fuerza Policial para realizar amedrentamiento y persecución en contra de nuestros comuneros.


¿Cuántas muertes más necesitamos? Basta de teñir con sangre nuestros Territorios.


Exigimos Justicia por los hermanos asesinados por la defensa de nuestra identidad, Javier Chocobar (Pueblo Diaguita - Comunidad de Chuchagasta) Roberto López (Pueblo Qom).


¡Por Memoria, Justicia, Identidad y Territorio!
Contactos: Comunidadtolombon@yahoo.com.ar
Tel. 0381155276860 o 0381156980237 / 154676809
Publicado por UPND-SALTA en: www.upndsalta.blogspot.com
UPND - SALTA

Las Organizaciones territoriales de Pueblos Originarios de Jujuy debaten participación en el ordenamiento de los Bosques Nativos

Autoridades de Organizaciones de pueblos originarios debaten Ley de Bosque Nativo.

Por: Equipo de Comunicadores ENOTPO
JUJUY: PUEBLOS ORIGINARIOS ANALIZAN LA LEY 26.331 DE REORDENAMIENTO DE BOSQUES NATIVOS




Este Domingo 10 de abril, en San Salvador de Jujuy, más de 60 Autoridades, delegados y miembros de las Organizaciones Territoriales Originarias de la provincia de Jujuy, que se nuclean en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), entre ellas Movimiento de la Nación Guaraní “KEREIMBA IYAMBAE”, Consejo de Participación de Susques, del Pueblo Atacama, Consejo del Pueblo Ocloya, Comunidades Kollas del Dpto. de Yavi, Consejo Departamental de Comunidades de Cochinoca, Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), y representantes de los pueblos Tilián y Omaguaca, iniciaron el taller sobre la Ley N° 26.331 de Bosques Nativos.

La jornada empezó a las 09:30 con el saludo de bienvenida de las autoridades locales hacia los presentes. Posteriormente, Marcelo Lezcano, abogado de las organizaciones, desarrolló el taller profundizando sobre el origen y características de la Ley, lo que permitió el debate sobre el grado de participación plena y efectiva que debieran tener los Pueblos Originarios de la provincia en dicha ley. Mientras que por la tarde, se dio lugar a la toma de decisiones sobre las acciones a llevar a cabo.

Carlos Cruz, de la comunidad Normenta Pacha, referente del Consejo del Pueblo Ocloya, se refirió a la falta de participación que tienen las comunidades y los pueblos originarios de la provincia en el Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, contemplado en la Ley 26.331, y que la provincia aún no tiene aprobado el proyecto: “a nosotros nos afecta mucho la tala indiscriminada de los bosques, la Dirección de Políticas Ambientales de la Provincia nos dijo que es aprovechamiento forestales, porque van y sacan la madera y se lo llevan, no es un manejo sustentable como dice ahora la ley (26.331), entonces vemos que siguen saqueando nuestros recursos desde la provincia y nunca reforestan”, mencionó.

“La provincia ha hecho un mapeo, lo han pintado como ellos quieren, pero no dio participación a nuestras comunidades; pero sí han comunicado a las empresas que están en la zona como las empresas azucareras, los sojeros, los tabacaleros con quienes pintaron de verde gran cantidad de zonas para que sigan saqueando los bosque nativos, no están sacando bosques implantados, y esto va en contra de la Ley que dice preservar los bosques nativos”, concluyó Cruz.

En el transcurso del día lunes, las autoridades avanzaron en la redacción del documento que será presentado al Gobierno de la Provincia, donde se exige la participación plena y efectiva de los pueblos originarios.

El Documento:


DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO POLITICO
DE ORGANIZACIONES Y PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA PROVINCIA DE JUJUY. ANTE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE PREVEE LA “LEY N ° 26.331 DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL DE BOSQUES NATIVOS“

Las organizaciones territoriales de pueblos originarios y comunidades reunidas en el marco del ejercicio de nuestros derechos como naciones preexistentes afirmamos que:

Las organizaciones tienen como objetivo instalar una nueva política de relación con el Estado Provincial para la construcción de una Argentina Intercultural.

Construir Políticas Públicas participativas respetando a las autoridades tradicionales representativas a través de sus propias organizaciones.

Que empiecen a entregar respuesta inmediata a las reiteradas demandas del movimiento indígena.

Nos hemos propuesto como pueblos que sean nuestras organizaciones territoriales los sujetos políticos de esta construcción y de esta interrelación porque tenemos el firme propósito y compromiso de descolonizar al Estado, porque creemos que un Estado con justicia social, con intención de restituir las tierras y territorios a los pueblos indígenas no puede ser al mismo tiempo colonialista.

Este objetivo de construcción de una nueva relación de respeto y reconocimiento nos pone de frente a temas a debatir en el contexto nacional y en la provincia de Jujuy en particular, que son de carácter plurinacional. Por lo tanto;

EXIGIMOS que se cumplan nuestros derechos a la consulta y participación, al consentimiento previo libre e informado y otros derechos consagrados en el artículo 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, convenio 169 de la OIT ratificados por la Ley 24071 y la declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

Movimiento de la Nación Guaraní KEREIMBA IYAMBAE
Consejo de Participación de Susques del Pueblo Atacama
CDCAPO Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya
Comunidades del Dpto. de Yavi
Consejo Departamental de Comunidades de Cochinoca
Asamblea del Pueblo Guaraní
Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy
Y las Comunidades presentes que no están representadas por una organización


JALLALLA!!! KAWSACHUN!!! M+RÄTA!!!

FALLO DE LA CIDH EN FAVOR DE UNA COMUNIDAD MAPUCHE DE VILLA LA ANGOSTURA

Derecho humano al territorio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Gobierno que adopte medidas para garantizar “la vida y la identidad” de una comunidad que viene siendo hostigada y despojada de sus territorios desde hace años.
Por Darío Aranda
“Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao.” Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar “medidas urgentes”, se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.
En Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial. También es ley el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal, que deja clara la obligatoriedad de consultar a las comunidades sobre cualquier acción que pudiera afectar su territorio. A pesar de la legislación, en noviembre de 2009 fue desalojada parte de la comunidad Paichil Antriao. Y comenzó un proceso de amenazas y continuos procedimientos policiales para que cesen los reclamos territoriales y para desalojar al resto de la comunidad.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Opdhi) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de dos años de proceso, el 6 de abril último la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada y solicitó al gobierno nacional que “adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe –sitio sagrado– (...) de manera tal que se preserve el lugar”.
La Comisión instó a implementar “las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Y solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión también protege el rewe (sitio sagrado comunitario).
“Se solicita al gobierno de Argentina que adopte las medidas necesarias para atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar”, instó el organismo de derechos humanos y otorgó un plazo de 20 días para que el Gobierno informe qué medidas concretas adoptó en resguardo de la comunidad y las solicitudes vigentes.
Mario Railaf, de la comunidad Paichil Antriao, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció al gobierno provincial por “complicidad con los empresarios” que avanzan sobre territorio indígena y se mostró dispuesto a “poder dialogar con el gobierno nacional para buscar soluciones que respeten nuestros derechos y nos devuelvan el territorio ancestral”.
El director del Odhpi, Juan Manuel Salgado, consideró “un gran paso adelante que la Comisión obligue al Estado Nacional a intervenir” y llamó la atención sobre la “notable ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en este conflicto al igual que en el de Formosa. El organismo que debiera proteger los derechos indígenas desaparece en cuanto tiene problemas con los gobiernos provinciales”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitió en febrero de 2010 el dictamen 017. Constató que la Municipalidad de Villa la Angostura incurrió en discriminación racial en perjuicio de la comunidad Paichil Antriao al desconocer en su Carta Orgánica el carácter de pueblos originario de la comunidad.
Un mes después, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Actuación 47/10. Solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que “como autoridad de aplicación y de manera perentoria vele por los derechos de los pobladores aborígenes de Neuquén y ejecute el relevamiento territorial de la provincia según la Ley 26.160”. La Defensoría cuestionó la pasividad del INAI. A un año de ese pedido, la Ley 26.160 aún no fue implementada en Neuquén.
En marzo último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado nacional y al provincial sobre los desalojos y la violencia contra el Pueblo Mapuche e instó a que se “investiguen los desalojos, sancionen a los responsables y compensen a los afectados”. También solicitó al Gobierno que adopte medidas urgentes para combatir los “prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial”.
El Odhpi emitió en julio de 2010 su “Informe de situación 2009-2010”, donde detalla que en Neuquén existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio o hacer uso efectivo de sus derechos. En contraposición, ningún funcionario provincial ni particular ha sido imputado por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. “El cuadro de discriminación racial en el ámbito de la Justicia es claro”, afirma.
El Observatorio de Derechos Humanos comprobó la represión a comunidades, la judicialización de la protesta y alertó sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena. Definió la situación provincial como “discriminación institucionalizada” y afirmó que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.
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Juan Manuel Salgado

Comunicado de la UNION DE PUEBLOS DE LA NACION DIAGUITA

PARTE DE PRENSA URGENTE
Miércoles 06 de abril de 2011

Comunidad Originaria Diaguita Calchaquí – Cachi – Salta
TERRITORIO DIAGUITA



Informe de la situación:

A casi 4 meses del intento de despojo territorial La Comunidad Originaria Diaguita Calchaquí “Las Pailas” continúa en asamblea permanente en resguardo del Territorio ancestral.
Comunicamos:
Ante la situación de emergencia al que fuimos llevados por parte del intento de despojo territorial a causa de una orden judicial ilegal y violatoria de los Derechos de los Pueblos Originarios impartida por la jueza Mónica Faber del juzgado correccional Nº 8, del cual han sido damnificadas 9 familias originarias, involucrando a 39 hermanos entre niños, jóvenes, mujeres embarazadas, madres, adultos y abuelos, además de la destrucción violenta y total de dos viviendas y unas 15 hectáreas aproximadamente de sembradíos de habas, papas, pimiento, maíz, etc. que fueron destruidos salvajemente. Con dicha orden se intento favorecer al terrateniente Carlos Alberto Robles quién pretende usurpar nuestro Territorio. Con el agravante de que todos los hechos contaron con la complicidad y la colaboración de la fuerza policial.
Informamos:
Que la ministra de Justicia de la provincia María Inés Diez incumplió con lo acordado ante las autoridades de las comunidades de Las Pailas, El Algarrobal, La Aguada y Las Trancas el día 22 de diciembre cuando los recibió en su despacho, en el cual se comprometía visitar la comunidad de “Las Pailas” el día 14 de enero como manera de comenzar a dar respuestas concretas a la situación de emergencia que vive la comunidad y sus familias, hecho que no cumplió y a manera de respuesta sólo se ha enviado a un equipo técnico incapaz de resolver la situación.
Una vez mas queda en evidencia el desinterés por parte de la provincia en reconocer a nuestros pueblos originarios y nuestras realidades territoriales, se pretende encubrir a funcionarios locales enviando equipos técnicos a dar sostén político a la incapacidad que evidencia cada funcionario local, y además intentan poner “curitas” en vez de tomar las medidas necesarias para comenzar a resolver esta grave situación y dar soluciones concretas respetando y cumplimentando los Derechos de los Pueblos Originarios, reconociendo a nuestras autoridades tradicionales legítimas y nuestras pautas culturales.
Se resuelve continuar en asamblea permanente y realizar una movilización en la plaza central del pueblo de Cachi, el día jueves 7 de abril de 2011, a horas 10:00, por nuestros derechos como pueblos originarios preexistentes, para que nuestras familias puedan volver a vivir en paz en nuestro territorio como lo hemos hecho desde tiempos inmemoriales.

Convocamos:
A toda la sociedad, las Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios, las Organizaciones Sociales y Políticas a acompañarnos con lealtad, hermandad y respeto en esta lucha por Memoria, Justicia, Identidad y Territorio.

¡No a los desalojos de las comunidades Indígenas!
¡Basta de persecución y muerte a los pueblos originarios!
¡Basta de jueces y funcionarios corruptos cómplices del intento de despojo a nuestros pueblos!
¡Cumplimiento de la Ley de Relevamiento Territorial!
¡La política indígena en manos de los Pueblos Originarios!
¡Los pueblos originarios no somos el problema, somos parte de la solución!
¡Por la Tierra y el Territorio - Ley de Propiedad Comunitaria Indígena Ya!

Contactos:
Cacique de la Comunidad de Las Pailas, Genaro Ismael Viveros. Cel: 03868-15455942
Ambrosio Casimiro Cel: 0387-154046787 email: ambrokchi@hotmail.com
Manrique Burgos Cel: 0387-154819993 email: Manrique_345@hotmail.com

EL PUEBLO KOLLA AVANZA HACIA UNA RADIO PROPIA

PACHAKUTI
La puna - Jujuy
Lunes 4 de Abril de 2011.
A casi un año de haber presentado el proyecto comunicacional
LA RADIO DEL PUEBLO-NACION KOLLA DE LA PUNA YA TIENE FRECUENCIA ASIGNADA POR EL AFSCA.
Un hecho histórico en el marco de la nueva ley nº 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, que forma del primer paquete de frecuencias para medios indígenas que asigna el Estado.
Por Yachay Kispe.
Desde Abra Pampa.


REUNION DE COMUNICADORES RESPONSABLES DE LAS RADIOS A LAS QUE SE LES ASIGNO LA FRECUENCIA

Durante el último encuentro del equipo de Comunicadores de Pueblos Originarios realizado entre el 28 al 30 de marzo próximo pasado, en Buenos Aires, nos enteramos de la buena noticia de que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual había asignado las frecuencias para las radios F.M. de comunidades indígenas que ya habían presentado proyectos, y que además de la radio “Pachakuti”, del Pueblo Kolla que instalara la radio en Abra Pampa, también cuentan con Frecuencia asignada las F.M del Pueblo Ocloya en Chorrillos y la del Pueblo Kolla de Iruya en la provincia de Salta, todas estas en la frecuencia del 89.9 del dial.
“Estas son parte de un paquete de la primeras frecuencias para los medios de pueblos indígenas, que asigna el Estado Argentino en el marco de la nueva Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en octubre de 2009. Y que constituyo un hecho histórico en cuanto a comunicación para los pueblos originarios que habitamos en este país, ya que dentro de la misma, después de un arduo trabajo de comunicadores y autoridades indígenas; se logro el reconocimiento a LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD de los pueblos originarios y que en diferentes artículos de la ley nos da derecho, como por ejemplo, de acceder a las nuevas tecnologías, a expresarnos en nuestros idiomas propios y los diferentes medios de comunicación, a tener nuestros propios medios como F.M., A.M., y canales de Television”, menciono Amando Kispe -Comunero de la comunidad de Queta, con personería jurídica que se solicito el proyecto- quien es Chaski (comunicador) del Pueblo Kolla de la puna jujeña e Integrante del Equipo de Comunicadores de Pueblos Originarios. Además cabe mencionar que “es todo un proceso a entender por nosotros como integrantes de comunidades aborígenes, debe intercambiarse información entre la AFSCA, la C.N.C. y el I.N.A.I. para que se asignen las diferentes frecuencias, es decir que se deben intercambiar y corroborar datos de las comunidades o pueblos que hagan la solicitudes, como así también de las frecuencias ya existentes en el lugar.” Reconoció y por otra parte cuando se le pregunto como se continua, “ahora hay que conseguir los diferentes presupuestos para los equipamiento sobre todo ya que la asignación de la frecuencia es uno de los requisitos para obtener el financiamiento y de alguna manera empezar a dar ejecución el convenio firmado entre el INAI, la CNC y el INTI, para que en el futuro próximo hagamos la instalación y la puesta en funcionamiento de nuestro medio, aun quedan pasos burocráticos a cumplir pero por ahí tenemos nuestros esfuerzos mas enfocados en las capacitaciones para la formación de comunicadores, es decir, prepararnos para que una vez instalada la radio, funcione, se mantenga y se vaya superando en el tiempo”, finalizo explicando.
Finalmente se dio a conocer que hay varios proyectos de radio ya presentados al AFSCA, y que esperan se les asigne la frecuencia como así también hay datos que se deben cumplimentar y que seguramente en los próximos meses habrá más adjudicaciones de frecuencias para medios de pueblos originarios.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN ANDINA. PUEBLO KOLLA